Liberación de Mónica Rangel exhibe simulación en combate a la corrupción

·        Gobierno Gallardista evade difusión de declaraciones patrimoniales, como instrumento de prevención

En Boletín Informativo emitido por el Frente Ciudadano Anticorrupción, se cuestionó la aplicación de la Justicia, en torno al caso de la Es Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, señalando lo siguiente:

Atentos a las acciones relacionadas con la judicialización de investigaciones sobre presuntos desvíos de recursos cometidos por ex funcionarios de la administración que encabezó como gobernador Juan Manuel Carreras López con las que el actual gobierno pretende acreditar un supuesto combate a la corrupción, el Frente Ciudadano Anticorrupción advierte indicios de una simulación que pretende hacer creer a la población que aplica justicia, cuando los datos a los que se puede tener acceso revelan que se abre paso a una nueva mascarada para la impunidad, por las siguientes consideraciones:

·         Al darse la aprehensión de Mónica Rangel Martínez se informó del hecho con un desplante que generaba la expectativa de que habría un castigo ejemplar: alcanza hasta 27 años de prisión, aseguró José Luis Ruiz Contreras, Fiscal General del Estado.

·         Para facilitar su liberación se aceptó un acuerdo reparatorio por 22 millones 45 mil pesos y un juicio abreviado con una pena que no alcanza ni el 20 por ciento de lo que ellos mismos aseguraron que era acreedora por la gravedad de la falta.

·         La revelación pública por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre los avances en el acuerdo reparatorio desde más de una semana antes de que se concretara es indicio de una intromisión que viola la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado y da cuenta de una ejercicio de la procuración de justicia sometido de manera ilegal a las órdenes del Ejecutivo.

·         Contrasta el monto de la devolución con los mil 700 millones de pesos que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó en su toma de protesta que fueron saqueados en los Servicios de Salud. Peor aún porque Ruiz Contreras aseguró que el actual gobierno sólo ha presentado una denuncia, que es por la que ya fue liberada.

·         Una actitud con la que se ignoran las denuncias presentadas por distintas organizaciones de la sociedad civil en contra de Rangel Martínez por desvíos y compras simuladas que, incluso, fueron acreditadas por la Auditoría Superior del Estado, con lo que la Fiscalía General del Estado incurre en omisiones encubridoras, y una aplicación selectiva de la justicia a capricho del mandatario.

·         Un acuerdo reparatorio que abre una sospecha fundada sobre la existencia de un acuerdo de mayor alcance para favorecer a los integrantes del anterior sexenio, con especial garantía de impunidad para el exgobernador Juan Manuel Carreras López, a quien durante todo el sexenio se le señaló por encubrir a la familia Gallardo.

·         Una sospecha a la que abona Gallardo Cardona con su anuncio de que habrá repercusiones contra los ex funcionarios del sexenio de Fernando Toranzo Fernández porque fue el periodo más atroz para San Luis Potosí. Sólo le faltó decir que con el sexenio anterior ya hubo arreglo, pero como la imagen de justiciero debe continuar, habrá que buscar otro villano a modo.

Una historia que exhibe la total simulación en el combate a la corrupción así como lo inútil de los instrumentos para su prevención, como las declaraciones 3de3 (patrimonial, de intereses y fiscal). Si bien la declaración patrimonial de Rangel Martínez no está disponible porque el actual gobierno desactivo la plataforma en la que se podían consultar, se cuenta con la que presentó como candidata a gobernadora en la que da cuenta de un ingreso anual por un millón 596 mil 510 pesos sin ningún otro ingreso, lo que difícilmente le alcanzaría a ahorrar como para pagar 22 millones de pesos por su libertad. Como bienes reporta una casa con valor de 254 mil 900 pesos y tres vehículos con valor acumulado de un millón 557 mil 393 pesos. Aun vendiendo todos sus bienes, apenas lograría reunir un millón 812 mil 293 pesos, una cifra muy lejana a los 22 millones de pesos que reintegró.

Resulta obvio que, al ser producto de un acto fraudulento, difícilmente los reportaría en su declaración patrimonial. El hecho es que el caso exhibe la inutilidad de las declaraciones 3de3 en tanto los servidores públicos las puedan presentar incompletas o con datos falsos. Si la declaración patrimonial de Rangel Martínez es real, se debe aclarar quién (o quiénes) y a cambio de qué aportaron los recursos para liberarla y si eso fue lo único que entregaron. Si la declaración patrimonial la presentó con datos falsos, tendría que iniciarse el procedimiento sancionatorio correspondiente.

Un dato que resulta relevante si se toma en cuenta que la actual administración estatal eliminó el acceso a las declaraciones 3de3 de todos sus funcionarios, y no se ha incorporado a la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción. Un ocultamiento de un instrumento de prevención de la corrupción hoy por parte de Gallardo Cardona y sus funcionarios que de por sí puede ser alterado como ha dejado ver el caso de Rangel Martínez.

Una situación muy conveniente en la que se exhibe que con la devolución del 1.3 por ciento de lo que se señala como saqueo se accede a la libertad por un presunto acuerdo reparatorio que abre la puerta para que en el futuro los funcionarios simulen contar con un patrimonio acorde a sus ingresos, apropiarse del erario sin límites y, en caso de ser llamados a cuentas, queden libres de culpa con una proporción mínima de lo saqueado.